El reporte producido por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha expuesto la supuesta participación de la empresa multinacional Acciona en una red de corrupción dirigida desde la dirección del Partido Socialista. De acuerdo con los investigadores, la compañía podría haber pagado cientos de miles de euros en comisiones ilegales para obtener contratos públicos de gran magnitud, en un esquema gestionado directamente por Santos Cerdán, antiguo secretario de Organización del PSOE.
Pagos indebidos superiores a 600.000 euros
La UCO documenta el pago de al menos 620.000 euros en mordidas vinculadas a adjudicaciones específicas a favor de Acciona. Las cantidades fueron canalizadas, según el informe, a través de intermediarios cercanos a José Luis Ábalos y a su entonces asesor Koldo García. Todo ello, bajo la supervisión directa de Santos Cerdán, a quien los agentes señalan como el encargado de coordinar los montos, los destinatarios y el calendario de los pagos.
Asimismo, se está investigando un segundo lote de cerca de 450.000 euros relacionado con otros contratos otorgados más recientemente, lo que sugeriría la persistencia del esquema de corrupción incluso después de los primeros signos públicos de irregularidades.
Propuestas adaptadas a medida
Las asignaciones bajo escrutinio están relacionadas con contratos millonarios de obra pública —infraestructura para trenes, autopistas, sistemas urbanos— entre los años 2018 y 2021, en regiones gobernadas políticamente por el PSOE. De acuerdo con el estudio realizado por la UCO, las especificaciones técnicas de estos concursos se elaboraron de manera que coincidieran casi exclusivamente con la propuesta de Acciona, eliminando así cualquier competencia real.
El informe detalla cómo los contratos se preparaban para garantizar la concesión a la empresa, a cambio de pagos pactados de antemano. Se trataba, en palabras de los agentes, de una “estructura perfectamente articulada” en la que el poder político intervenía directamente para favorecer a determinadas empresas a cambio de beneficios económicos.
La función de Santos Cerdán
Uno de los elementos más destacados del reporte es cómo Santos Cerdán se ha destacado como pieza fundamental en la distribución y administración de los sobornos. La Guardia Civil afirma que Cerdán no solo estaba al tanto del sistema de pagos, sino que desempeñaba una función directiva en su implementación. Las conversaciones registradas muestran cómo se fraccionaban, discutían y repartían las sumas, de acuerdo al contrato concedido.
Esta función de supervisión establece a Cerdán como el enlace clave entre la autoridad institucional del PSOE y las compañías favorecidas por el esquema.
Reacciones y silencio institucional
Ante la solidez del informe, Acciona ha comunicado la puesta en marcha de una revisión interna, desmarcando a su equipo directivo actual de los sucesos examinados. No obstante, el perjuicio para su reputación ya ha ocurrido. La implicación de un antiguo directivo de la compañía en los documentos examinados por la UCO ha avivado nuevamente la discusión sobre la relación entre las grandes empresas y la esfera política.
En tanto, el Gobierno permanece callado. La dirección del PSOE opta por no comentar un asunto que ha llevado a la renuncia de varios altos funcionarios y que podría debilitar aún más la credibilidad del Ejecutivo.
El reporte de la UCO corrobora lo que antes eran solamente dudas dispersas: que una de las constructoras más grandes del país podría haber estado involucrada en un esquema corrupto para garantizarse contratos gubernamentales, planificado desde el centro del partido que rige en España. Si los hechos son confirmados en tribunales, sería uno de los escándalos de corrupción más serios en los últimos tiempos, tanto por la escala económica como por el alto nivel de los participantes.
Este caso no solo compromete a Acciona, sino que pone en tela de juicio el uso del poder institucional con fines particulares. El tiempo dirá si las consecuencias políticas estarán a la altura de la gravedad de los hechos revelados.